La derrota del oficialismo y las exigencias capitalistas acentúan los desequilibrios de la economía. El precio del dólar se disparó por la ineficacia del control de cambios y no por el “cepo”. Al pagar sentencias del CIADI, reabrir el canje y confeccionar índices junto al FMI se retoma un endeudamiento innecesario. Este giro irrumpe luego de cancelar pasivos con reservas y desfinanciar al ANSES.
El ajuste fiscal del gobierno es una variante atenuada del gran recorte que exigen los neoliberales. Se renunció a la reforma impositiva progresiva y ahora se presenta la baratura del transporte o el gas como un privilegio.
La inflación ya no deriva sólo de bajas inversiones, encarecimiento de exportaciones y acciones de los oligopolios. Se acentuó con la emisión. Como los acuerdos de precios con las empresas han fallado, ahora se intenta imponer un techo salarial.
Los principales ganadores de la década pasada fueron los grupos concentrados. Pero el periodo de alto crecimiento y creación de empleo quedó atrás. La desaceleración del nivel de actividad no se explica por la crisis mundial. El continuado empuje de la demanda ha chocado con exigencias de rentabilidad, que dejan poco espacio para medidas progresistas.
La derecha no piensa recomponer la solvencia fiscal erradicando la corrupción. Con un gran despliegue de anti-chavismo prepara atropellos contra las conquistas sociales. En el nuevo escenario crecen las posibilidades de protagonismo de la izquierda.

La preservación de una economía dependiente con gran desigualdad social explica las tensiones del modelo. El déficit energético es consecuencia de una depredación tolerada por el gobierno. Luego de nacionalizar YPF en forma tardía e insuficiente se premia con indemnizaciones a los responsables del vaciamiento. La extracción contaminante reforzará la minería a cielo abierto y el esquema extractivo de expansión sojera.
Se ha recompuesto la estructura vulnerable, deficitaria y extranjerizada de la industria. La prioridad del ferrocarril fue sustituida por la sobre-oferta automotriz, en un marco financiero pro-consumo y anti-inversión.
El ensayo neo-desarrollista quedó sofocado por la victoria agro-sojera del 2008. El gobierno renunció a incrementar la apropiación estatal de la renta, que se requiere para el desarrollo productivo y la estabilidad cambiaria. La burguesía local repite su vieja conducta de remarcar precios, fugar capital y no invertir. La regulación estatal no modificó este comportamiento y la decepción del gobierno se traduce en un giro pro-mercado.
Pero en el debate con el oficialismo no hay que adoptar los argumentos neoliberales. La izquierda tiene proyectos para contener la inflación mediante la fiscalización popular de los costos y las ganancias. Se necesita un control de cambios en serio y la investigación de la deuda para discriminar los compromisos reales de los ficticios. El bache fiscal debe recomponerse con impuestos progresivos.
El monopolio estatal del comercio exterior y la nacionalización del sistema financiero son indispensables para superar la dependencia agro-exportadora. El objetivo debe ser erradicar y no renovar el capitalismo. La transición socialista es el emblema de la izquierda.

La validez de los conceptos Pos-liberalismo y Consenso de commodities se dilucida analizando las transformaciones de la región. El capitalismo se ha extendido en el agro y la mega-minería se amplía, acentuando la preeminencia de las exportaciones básicas. La industria abastecedora del mercado interno retrocede frente a las maquilas, las remesas son un recurso de supervivencia y el turismo es un ingreso clave para los pequeños países. Estas tendencias económicas han sido reforzadas por desde el inicio de la crisis global.
La burguesía nacional que privilegia la demanda ha sido reemplazada por la burguesía local, que jerarquiza el abaratamiento de los salarios. Su carácter minoritario se consolida junto a la asociación con empresas extranjeras. Se extinguen sus rasgos pre-capitalistas y no conforman nuevas oligarquías. Mantiene sus bases de acumulación sin convertirse en un grupo transnacionalizado. Sólo fracciones marginales aglutinan una lumpen-burguesía y no se extiende a los países medianos la dependencia neo-colonial.
La expansión de la informalidad, el éxodo campesino y el estancamiento de la nueva clase media reconfiguran a las clases dominadas, en un marco de pobreza, desempleo y desigualdad. El escenario económico no corrobora el diagnóstico pos-liberal, pero la tesis opuesta debe ser evaluada incorporando la dimensión política.

Las rebeliones sudamericanas modificaron las relaciones de fuerza, limitaron la agresión neoliberal y consiguieron victorias inusuales en otras partes del mundo. Evitaron el desangre del mundo árabe e impusieron las agendas pendientes en Europa del Sur. Posteriormente no se profundizaron, ni retrocedieron. Ampliaron su radio sin incorporar al grueso de Centroamérica.
Las resistencias oxigenaron a Cuba e iluminaron los logros de una isla sin recursos, que necesita contrapesar el aislamiento con reformas mercantiles. En Venezuela la derecha conspira para anular las mejoras populares, pero la principal batalla se libra al interior del proceso bolivariano. También Bolivia tiene un gobierno radical y dirime el freno o profundización de su gestión, en condiciones de mayor subdesarrollo y conflictos con la utilización de los recursos naturales.
Ecuador mantiene una política centroizquierdista junto a un alineamiento regional radical. Nicaragua se ubica en un eje semejante con un gran alejamiento de su pasado revolucionario. En El Salvador emergen las consecuencias de la adaptación al sistema y en Paraguay se verificaron los efectos de actitudes vacilantes.
El ALBA es un germen de asociación cooperativa que depende de la continuidad de gobiernos de izquierda, del soporte popular y del afianzamiento de intercambios solidarios.
La tesis pos-liberal no registra la continuidad del mismo patrón productivo de la década precedente y la teoría del Consenso de commodities desestima las diferencias entre gobiernos, que actúan en marcos estructurales semejantes. Hay que distinguir los condicionantes económicos de los determinantes políticos, para integrarlos en una mirada que clarifique las contradicciones del escenario latinoamericano.

Estados Unidos no se desinteresa de América Latina. Con una diplomacia más afable despliega tropas para reorganizar su dominación. Todas las potencias apetecen los recursos naturales de la región. El avance europeo se ha detenido y la presencia china se acrecienta, disputando negocios pero no preeminencia político-militar.
El objetivo del ALCA resurge con el Tratado del Pacífico. El NAFTA ilustra las consecuencias sociales de estos convenios, que la burguesía mexicana utiliza para internacionalizar sus negocios. Existe una estrecha conexión entre esos acuerdos y los gobiernos derechistas, que no se renuevan sólo por medios constitucionales. El golpismo ha reaparecido en los pequeños países y fracasó en sus intentos de mayor alcance.
Brasil encabeza otro bloque con metas más autónomas de regionalismo capitalista. Se ha consolidado como sub-potencia semiperiférica y adopta posturas ambivalentes frente a Estados Unidos. Ese posicionamiento conduce al estancamiento del MERCOSUR. El país se expande en forma multilateral y evita los costos de la integración. Su opción por el agro-negocio limita la intervención geopolítica de UNASUR y CELAC.
Argentina ha quedado relegada y sujeta a imprevisibles vaivenes. Ya afloran los límites de una recuperación que preservó la renta y el comportamiento burgués improductivo. Los presidentes de centroizquierda son afines, pero el Lulismo gobernó desmovilizando y asimilando al PT al sistema. El Kirchnerismo reconstruyó el estado afrontando luchas sociales. Estas condiciones disímiles determinaron políticas económicas distintas. La tesis pos-liberal sobrevalora la gravitación del bloque autónomo sudamericano y la visión opuesta diluye la singularidad de este alineamiento